Todo dominicano sabe que se avecina una reforma fiscal, y muchos temen que traerá consigo un aumento en los precios de los productos que compran mes a mes, lo que afectaría aún más sus ya ajustados presupuestos, golpeados por la inflación reciente. Sin embargo, pocos saben realmente el porqué y el para qué del ajuste fiscal, y es que, hasta ahora, el gobierno no ha explicado al país cuál es el objetivo de la tan anunciada reforma.
A pesar de la falta de explicación por parte del oficialismo, ciertos datos permiten concluir que la motivación detrás de la reforma fiscal es corregir el descontrol en el gasto público que ha ocurrido en los últimos años. En otras palabras, parece que la reforma no buscará cambiar el modelo económico ni financiar el desarrollo, sino más bien ajustar las cuentas después de un significativo desajuste en los gastos. Según la Ley de Responsabilidad Fiscal, recientemente promulgada, el gobierno tiene la meta de reducir la deuda pública al 40% del PIB para el año 2035. Actualmente, esa cifra se sitúa en torno al 45%. Curiosamente, al final de 2019, la deuda estaba ya ligeramente por debajo del 40%, lo que sugiere que el ajuste fiscal en realidad busca devolver el nivel de endeudamiento que se tenía en 2019.
Este aumento en la deuda en los últimos cuatro años se debe, principalmente, a un incremento significativo en el gasto público sin que los ingresos hayan crecido a la misma velocidad. Según datos de la Dirección General de Presupuesto, el gasto del Ejecutivo ha aumentado en 667 mil millones de pesos durante este período, un alza del 93%. Es decir, prácticamente se ha duplicado el gasto del gobierno en estos 4 años.
Por otro lado, los ingresos gubernamentales solo han aumentado 434 mil millones de pesos en ese mismo lapso, lo que deja un déficit cada vez mayor que debe ser cubierto con más y más endeudamiento. Si miramos estas cifras en términos del porcentaje del PIB, el panorama es similar. El gasto del Ejecutivo ha pasado del 16% del PIB en 2019 al 19% en 2024, un aumento significativo del 3%. Por otro lado, los ingresos ordinarios del gobierno se han mantenido estancados en el 15% del PIB (dígase descontando el efecto de anticipos y renegociación de AERODOM que son operaciones ocasionales, con efectos similar al endeudamiento).
Lo más preocupante es que gran parte de este aumento en el gasto ha sido en áreas improductivas, como la nómina, pensiones, ayudas, subsidios y publicidad, que no contribuyen al crecimiento económico ni al bienestar de la población. De hecho, el gobierno ha destinado 268 mil millones de pesos más a estas partidas en los últimos años.
Y es que en los últimos cuatro años, el gasto en nómina pública ha aumentado 132 mil millones de pesos, impulsado por la contratación de casi 100 mil nuevos empleados y un incremento general de sueldos en diversas áreas, lo que nos convierte en el país de América Central y el Caribe con mayor aumento porcentual en la nómina pública. Además, el gasto en pensiones se incrementó en 33 mil millones de pesos, muchas veces sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley, mientras que las ayudas y donaciones crecieron en 38 mil millones, debido a frecuentes entregas de dinero a la población sin una adecuada focalización hacia los más necesitados.
A todo lo anterior se suma un notable aumento en el subsidio eléctrico, que está por alcanzar los 92 mil millones de pesos, triplicando los 31 mil millones de 2019, debido a las crecientes pérdidas de las distribuidoras eléctricas (EDEs).
Mientras tanto, la calidad de vida de los ciudadanos ha empeorado. En salud, tanto la mortalidad materna como la neonatal han aumentado. En educación, la cobertura ha retrocedido en todos los niveles, por lo que muchas familias no encuentran cupo para sus hijos en las escuelas. En cuanto a seguridad, los homicidios han aumentado, y somos uno de los pocos países en América Latina donde la delincuencia ha crecido en estos últimos cuatro años. Se gasta más en subisidio eléctrico, pero cada día hay más apagones.
Dado este contraste entre un gobierno que gasta a diestra y siniestra, y una población que recibe menos servicios públicos, parecería lógico que el gobierno sea quien asuma la mayor parte del ajuste fiscal, reduciendo su gasto improductivo. De hecho, solo con reducir las pérdidas del sector eléctrico al nivel de 2019 y con reducir el gasto de nómina no esencial (dígase manteniendo la nómina del personal de educación, salud y seguridad) a los niveles de 2019, ya no sería necesaria la reforma.
Por supuesto, los amigos del gobierno usarán la todopoderosa excusa del COVID una vez más, pero aquí es importante anotar que solo 1 de cada 10 dólares de préstamos en estos cuatro años fue usado para salud o ayuda social por COVID, según estadísticas oficiales del propio gobierno.
En conclusión, durante estos cuatro años el gobierno entró en modo “lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta”, pero después de toda fiesta descontrolada viene la resaca. En el proceso de resaca fiscal, lo adecuado sería que la mayor parte del ajuste provenga de reducción del gasto del gobierno, en especial el gasto corriente improductivo, pues este ha sido la raíz del desajuste fiscal. No sería justo que sean los ciudadanos que paguen mediante impuestos más altos la resaca de una fiesta en la cual no han participado.
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