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(Redacción BANCA). Las remesas que envían a sus familiares los inmigrantes residentes en Estados Unidos, sean ilegales, legales o con persmisosde residencia, se verán afectados por el establecimiento de un gravámen de un 5% sobre las remesas, lo que ya es considerado como otro golpe de la administración Trump a los inmigrantes.
La noticias acerca del proyecto del gravámen la dio a conocer el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, indicando que el proyecto ya ha pasado al pleno de la cámara para su discusión. La iniciativa es impulsada por los legisladores republicanos.
Adicionalmente a esta iniciativa, se ha filtrado que el presidente Donald Trump, tiene listo un memorándum presidencial para "acabar con las remesas" enviadas por indocumentados desde Estados Unidos.
Se estima que la medida afectaría a más de 40 millones de personas en Estados Unidos. Según el Banco Mundial, las remesas enviadas a los países de origen en 2023, totalizaron alrededor de 656 mil millones de dólares, equivalente al producto interno bruto de Bélgica.
En los últimos meses se ha registrado un aumento del envío de las remesas desde Estados Unidos, lo que se atribuye a una mejora en el empleo y a la devolución de impuestos, lo que ha mejorado la capacidad de ingresos de los inmigrantes. Esto indica que las incertidumbres que se han generado en la econmía global, por los conflictos bélicos y la guerra comercial entre EE.UU. y China, parece que no han afectado el mecanismo de envío
El dinero que los migrantes mexicanos envían a sus familiares, creció un 7.6% en 2023, alcanzando un récord de 63 mil 300 millones de dólares en ese año. El Banco Central de la República Dominicana informó que las remesas recibidas en el mes de abril tuvieron un aumento de 11.0 % comparado con abril de 2024, y de 12.1 % para el período enero-abril comparado con igual período del año pasado. Estiman que el año terminará con ingresos por US$11 mil millones de divisas. Para Nicaragua, las remesas desde Estados Unidos representan alrededor del 27% del PIB. Le siguen Honduras (25%), El Salvador (23%), Guatemala (19%), Haití (18%) y Jamaica (17%).
Las remesas tienen un gran impacto social, sobre todo en los pueblos que tienen núcleos poblacionales de baja renta y segmentos con pobrea extrema. También son un factor importante en la economía global, ya que a menudo se envían a través de servicios de transferencia de dinero estadounidense.
Expertos en remesas, líderes sociales y antiguos migrantes dicen que prohibir, limitar o agregar un impuesto a las remesas podría dañar a los países que dependen de ellas, resultar oneroso para los ciudadanos y empresas estadounidenses y, paradójicamente, terminar causando aún más migración ilegal a Estados Unidos.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano, señaló que cualquier medida para reducir las remesas tendrá un impacto negativo en el interés nacional de Estados Unidos y en el país de origen. Sin embargo consideró que, lejos de esa medida desalentar a los migrantes, ellos encontrarán finalmente formas de enviar dinero de manera diferente, a través de canales no autorizados.
Los defensores de los esfuerzos para gravar las remesas dicen que se trata de un impuesto efectivo a las personas que están sin permiso en Estados Unidos y podrían ser una fuente de ingresos para el gobierno estadounidense. Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por menos inmigración, afirma que limitar, prohibir o gravar las remesas haría la vida más difícil para los inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización.
“Una de las principales razones por las que la gente viene aquí es para trabajar y enviar dinero a casa”, comentó Krikorian. “Si eso es mucho más difícil de hacer, se vuelve menos atractivo venir aquí”.
La legislación para controlar las remesas a través de impuestos sobre las transferencias de dinero, nacionales e internacionales, ya se ha propuesto en 18 estados en los últimos años. Casi todos esos esfuerzos han sido rechazados. La excepción es Oklahoma, que en 2009 aprobó un impuesto sobre las remesas: una tarifa de 5 dólares por cualquier transferencia de dinero inferior a 500 dólares y un 1% sobre cualquier cantidad superior.