Las denuncias acerca de dificultades financieras y deficiencias en nuestro Sistema Nacional de Seguridad Social, son cada vez más frecuentes y alarmantes.
La más reciente ha sido la del partido Fuerza del pueblo, que advierte de un déficit operativo de más de 3 mil millones de pesos, en el seguro subsidiado de SENASA, la AFP estatal, y casi simultaneamente con la organización política, la reiteración de la Asociación de Clínicas Privadas, acerca de la necesidad de un ajuste tarifario, alegando altos niveles de inflación, situación que las mantiene al borde del colpaso.
En alguna medida el tema no es nuevo, pues desde hace muchos años se discute la necesidad de una reforma a la Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana. En los debates que se han originado han tenido participación los más destacados conocedores de este asunto, que tiene aspectos técnicos, administrativos, financiero y políticos, entre otros.
La denuncia de la entidad política es muy grave, pues la misma indica que la AFP gubernamental se encuentra en serios problemas financieros, debido al aumento de su población afiliada al seguro subsidiado, lo que se ha hecho atendiendo a razones de populismo político.
Hemos estado de acuerdo y sumado nuestra voz a la demanda de una urgente reforma a esta ley, para modernizarla y adecuarla a la nueva realidad económica y social de nuestro país, y para corregir las distorsiones que se hayan manifestado tras más de dos décadas de vigencia.
Proceder a actualizar y mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de seguridad social, sobre todo en lo concerniente al sistema de los seguros médicos, es una responsabilidad de todos los sectores, y hacerse de la vista gorda ante esta situación, podría conllevarnos a una crisis que podría hacer sucumbir este gran logro de la sociedad dominicana.
Para proteger el desarrollo y consolidación de este importante sistema de protección y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos, tenemos que levantar un muro insalvable contra el populismo y la politiquería; también a las injusticias distributivas de las ganancias de los operadores del sistema, y también, ampliar la sombrilla de coberturas, eliminar el copago, y sobre todo, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, ya que se trata de la espina dorsal de dicho cuerpo.
Abusar de las facilidades de los servicios de salud que presta el Sistema Nacional de Seguridad Social sin garantizar la contribución de cada afiliado, es asestarle un golpe mortal al futuro del sistema. Sería absurdo y una irresponsabilidad histórica, que el gobierno del presidente Luís Abinader propiciara tal despropósito.