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La respuesta más común de los defensores del gobierno del presidente Luís Abinader, cuando se le critica por su adicción al gasto corriente de una manera alegre y sin límites, es apelar al argumento de que la mayor parte de dicho gasto se destina al ámbito social y que es una fase de la lucha contra la pobreza.
Sin embargo, algunos economistas que han analizado las características de algunos renglones de ese “gasto social”, han encontrando que algunas partidas que figuran dentro de esta denominación, no califican bajo ningún concepto para tal fin.
Es una verdad de perogrullo que nuestros políticos usan los recursos públicos con muy poco respeto hacia los ciudadanos que pagan sus impuestos, y esperan que ese sacrificio económico sea compensado con una administración honrada y eficaz de su dinero, así como una inversión justa y reproductiva.
El economista Andy Dauhajer cita como ejemplo de un gasto social mal entendido, el préstamo de 100 MM de dólares con el BID, para financiar el programa de alimentación subsidiada “Superate”, indicando que los beneficiados deberían ser los 600 mil pobres identificados por el Siuben, y no el millón 38 mil que lo reciben, lo que supone una sobrecobertura que falta a la transparencia, además de que no es recomendable endeudarse en dólares para esos fines.
También ha señalado como un caso de tergiversación del gasto social, la entrega de 14,000 pensiones solidarias, que suponen gastos por 5 mil millones de pesos anuales. Explica que eso estaría bien si el monto es el que indica la ley (6,000) y no de 150 mil y 175 mil como en muchos casos, o de 50 mil a 116 economistas, mucho de los cuales nunca han trabajado para el Estado.
Ni hablar del barrilito y el cofrecito, los gastos para las habichuelas con dulce de Semana Santa, el Día de las Madres, la cena de Nochebuena, y la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, entre otros, como si fueramos un Estado padrino o benefactor.
En contraposición vemos que mientras se gasta en todo lo superfluo, algunos programas realmente sociales, tienen dificultades para operar eficientemente, por la falta de recursos, como es el caso del Programa de Medicamentos de Alto Costo, cuyos beneficiarios han tenido que protestar ante las oficinas gubernamentales, porque desde hace meses no se les entregan los medicamentos, agravándose su salud por este despropósito.
El gobierno debe revisar su enfoque acerca de lo que realmente es un gasto social, y fortalecer los programas que realmente valen la pena y cumplen con ese fin. Además, poner freno al gasto corriente alegre, como ha estado ocurriendo hasta ahora.
RPB 28 agosto 2025