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“El caso Senasa hay que tratarlo con cautela y rigor técnico, debido a que no se conocen todavía una serie de datos de cómo operó la red que defraudó la ARS del Estado.
Hay que ver cómo fue estructurada la operación, qué tanto fue manejo de efectivo, qué tanto se manejó dentro del sistema financiero, qué tanto ese efectivo no entró o sí entró al sistema, y qué parte fue a parar a la compra de bienes reales como terrenos, artículos de lujo o vehículos.
No se puede especular sin conocer la ruta completa del dinero, aclarando que la UAF es la entidad facultada por la Ley 155-17 para investigar patrones de transacciones sospechosas y remitir los informes correspondientes al Ministerio Público. Ese proceso, es institucional, reservado y no se ventila en la prensa ni se envía a otros organismos. La Superintendencia de Bancos no entra, no investiga las transacciones y los posibles casos, no puede hacerlo, no está facultada por ley para hacerlo, porque ese aspecto es exclusivo de la Unidad de Análisis Financiero y del Ministerio Público.”
Juan Ariel Jiménez/ Economista, aspirante presidencial PLD