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El gobierno ha actuado en la linea correcta al anunciar oficialmente, que estamos ante una "grave" crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente, y al mismo tiempo, anunciar una serie de medidas para manejar los trastornos que esa situación provocará en las finanzas públicas.
Por voz del ministro de Hacienda, el gobierno igual admite que la crisis tendrá un impacto directo sobre la economía nacional, lo que significa que está conciente de las diversas formas de impacto, que abarcarán la producción, el consumo, el transporte, la alimentación, y la vida de los dominicanos, todo expresado en una inflación generalizada.
El gobierno había tratado, por la vía de algunos funcionarios, de enviar mensajes de tranquilidad a los ciudadanos, llegando a expresar el propio ministro de Hacienda, Magín Díaz, que el país estaba “blindado” frente a esta crisis, lo que obviamente es una exageración, ya que ningún país se encuentra resguardado ante las secuelas del actual conflicto en esa zona del mundo, todavía sin poder medir los alcance del mismo.
Lo importante ante la situación es ser realista y armar un plan posible, creativo e inteligente, que busque mantener activas las áreas productivas, animar el crecimiento económico con planes e incentivos y tratar de minimizar, en lo posible, el impacto en las clases económicas menos favorecidas.
Más o menos, eso es lo que ha propuesto el Consejo de Gobieno que sesionó recientemente para analizar la situación, indicando que sus objetivos son la estabilidad macroeconómica, garantizar la sostenibilidad fiscal, y proteger la estabilidad social, con especial énfasis en los sectores más vulnerables. Por supuesto, se trata de una retórica de buenas intenciones y de alternativas estudiadas, que estarán sujetas a la disponibilidad de recursos, que ya han comenzado a ser drenados por las alzas petroleras.
Para calmar las incertidumbres que legitimamente tienen los agentes económicos, el gobierno ha explicado que cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar el escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a los 16,000 millones de dólares, así como niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento en los mercados internacionales y doméstico. Agregaríamos los otros factores positivos, tales como el clima favorable para las inversiones, el desarrollo del turismo y el precio del oro, que podrían aportar oxigeno a la economía nacional.
Pero, la parte más grave de esta crisis petrolera, es que es átipica. Esta vez no se trata de una escalada del crudo por disposición de la la OPEP. Es la consecuencia de una guerra en el área geogáfica más sensible en la producción del petróleo, combinada con el cierre de la vía marítima por donde cruza el 20% de esa imprescindible materia prima, con la agravante de que se ha dañado una parte de la infraestructura de producción petrolera de la zona, lo que significa que el crudo podría escasear por algún tiempo, y esa situación presionará para que su precio se mantenga alto, por el elemental principio de la oferta y la demanda, lo que prolongará la agonía.
Corremos el riesgo de que el gobierno recurra a nuevos endeudamientos para mantener los subsidios, pero esa es una decisión que tiene el efecto bumerang, ya que puede resolver momentáneamente la presión, pero sus efectos son desastrozos a largo plazo.
El gobierno debe saber enfocarse con las medidas que anuncie. Vemos, por ejemplo, que anuncia un subsidio para los fertilizantes, con el fin de evitar un aumento en los costos de la producción de alimentos, pero no ha hablado de un urgente programa masivo de siembra de productos de ciclo corto para garantizar abundancia de alimentos, que es la mejor forma de bajar los precios y garantizar la autosuficiencia alimentaria.
El gobierno del presidente Abinader, que ha privilegiado el gasto corriente, debe anexar a las medidas anunciadas, un plan para revisar algunos gastos que han estado en entredicho, tales como los programas de alimentación a los pobres, en virtud de que la cifra oficial de los beneficiados, según el SIUBEN, es de aproximadamente 600 mil, pero se les entrega a 1 millón 400 mil personas, por lo que se ha estimado que una buena parte se usa para el clientelismo político. Como este existen varios casos donde se impone un poco de austeridad, recortes de gastos y transparencia en el uso de los fondos públicos. También hay una tendencia a gastar altas cifras en asuntos pueriles. Por ejemplo, se hace una licitación para adquirir millones de pesos en “Gomitas multivitamínicas” para los estudiantes, cuando resultaría más racional y saludable aumentar el contenido de proteínas en los alimentos que se les proveén en el desayuno escolar.
También es el momento de las reformas estructurales que se han ido posponiendo y enfocarse para acometer una transformación en el caso de las Edes, cuyas pérdidas ya rondan el 42% anual, una cifra que se estima subirá, acicateada por el aumento de los precios del petróleo, ya que para 2026, las autoridades presupuestaron transferencias a las Edes por 1,300 millones de dólares, considerando un precio del petróleo a US$47.8 dólares por barril.
El momento es grave, lo que obliga a la unidad y responsabilidad, tanto del gobierno como de los demás sectores de la vida nacional. Aprovechar las inconformidades que generan siempre las crisis petroleras para soliviantar el ánimo popular y crear disturbios, atentaría contra el futuro de nuestro país.
RPB 20 marzo 2026