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El hermano pueblo de Venezuela vive desde hace más de una década, un verdadero Vía Crucis político, económico, social y humano, que ha provocado una degradación de la vida nacional y el resquebrajamiento en su unidad como nación.
Aquel próspero y rico país petrolero de los años ´70, impulsado por los altos precios del llamado “oro negro”, del que se afirmaba que sería el primer país de América Latina en salir de la pobreza y dejar atrás el tercermundismo, parecería que ha retrocedido un siglo. Para colmo, los dos terremotos casi simultáneos del pasado 24 de junio, atizan y profundizan sus penurias, creando un desconcierto colectivo.
Antes de los movimientos telúricos, Venezuela parecía que estaba iniciando el camino de su recuperación, por la eliminación de las sanciones económicas, la apertura del negocio petrolero y la llegada de inversionistas extranjeros, como resultado de la intervención de los Estados Unidos y la deposición del presidente Nicolás Maduro y los acuerdos con las nuevas autoridades de la transición venezolana. Sin embargo, los terremotos han paralizado ese proceso y muchos de los problemas y desafíos que encara Venezuela, se han frenado de golpe.
Ya los organismos internacionales están proyectando el monto de los daños y el de la reconstrucción, aunque es temprano todavía para calcular, con cierta exactitud, la dimensión de la catástrofe. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha informado, que una evaluación preliminar estima en alrededor de 6,700 millones, las pérdidas físicas, correspondiente a un 6.0% del PIB, pero que podrían alcanzar los 8,700 millones. Esto sin considerar ni medir todavía, el enorme impacto que la tragedia tendrá en pérdidas de vida, personas lesionadas e inhabilitadas, aumento de la pobreza, crisis de los servicios públicos y el enorme esfuerzo para reconstruir 1.7 millones de infraestructuras afectadas.
El proceso de restructuración de la deuda soberana venezolana, la mayor de su historia, calculada en alrededor de los 200 mil millones de dólares, también sufrirá retrasos y un nuevo enfoque. Analistas financieros indican que la misma superaría el tamaño de las grandes restructuraciones de Grecia y Argentina.
Como es natural, los inversores ya han empezado a mostrar más cautela. Los bonos soberanos de Venezuela, con vencimiento en 2027, que llegaron a cotizarse por encima de los 55 centavos por dólar a mediados de mayo, han caído por debajo de los 50 centavos, tras los terremotos. Incluso la deuda del consorcio estatal petrolero venezolano (PDVSA), con vencimiento en 2035 ha retrocedido desde niveles superiores a 50 centavos en mayo hasta el entorno de 45 centavos.
La inflación es otro elemento que vuelve la situación mucho más compleja. Por estas razones y ante este panorama, los expertos financieros sugieren que el caso venezolano necesita un acuerdo “omnicomprensivo”, que abarque a todos los acreedores y suponga una verdadera reducción del valor presente neto de la deuda y no solo maquillaje. Una combinación de reducción de la deuda, ampliaciones de vencimientos, periodos de gracia, instrumentos financieros ligados al precio del petróleo o del PIB, y un plan creíble de inversión en PDVSA y el sector petrolero.
También sugieren que para que Venezuela pueda recuperar la confianza de los mercados, necesita credibilidad estadística, tras años sin datos fiables, una estabilizaciòn monetaria y fiscal, así como un Estado de Derecho y respeto a los derechos de la propiedad, ya que los inversionistas necesitan estar convencidos de que el riesgo de expropiación ha desaparecido.
Como puede colegirse, el panorama no es fácil, es muy complejo y necesitará tiempo. En lo que se pone en marcha un plan, los esfuerzos iniciales han sido para salvar vidas y proteger a los damnificados, en cuyas acciones se ha producido una rápida y hermosa solidaridad inrernacional, en la cual la República Dominicana está presente.
Dios proteja a Venezuela!!